Futuro incierto de la Evaluación Social de Proyectos

Futuro incierto de la Evaluación Social de Proyectos

Sin duda alguna en las políticas públicas deben aplicarse criterios de evaluación para priorizar y seleccionar los proyectos de infraestructura y servicios que son más idóneos para recibir los recursos públicos y dejar de lado los criterios discrecionales de los políticos.

La reciente decisión de cerrar el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), fideicomiso creado en el año de 1994 por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), deja en el aire la decisión de la política pública que tomará el Gobierno Federal respecto de seguir aplicando los Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública y de los gobierno estatales y municipales en la gestión de los recursos públicos.

Sin entrar al debate respecto a la utilidad que tiene la aplicación de distintas metodologías de evaluación en proyectos públicos de distintos sectores y a la pertinencia en la asignación del gasto público apoyado en estas evaluaciones, queda claro que este tipo de estudios intentan darle orden al sistema de planeación e inversión del país.

Ahora bien, las preguntas son ¿Existen realmente recursos fiscales disponibles para que los estados y municipios sigan apostándole con estos estudios en la gestión de más proyectos y servicios públicos? La cobija no da para más. ¿Tenemos un problema de asignación de recursos públicos o tenemos un problema de suficiencia presupuestal o ambos?

En mi opinión cuando los recursos públicos, de naturaleza escasa para atender a todas las necesidades de la sociedad, son más escasos es cuando más deberían de privilegiarse los estudios de evaluación para que de manera objetiva e imparcial se tomen las decisiones sobre aquellos proyectos que en realidad representan un beneficio neto positivo para la sociedad con su realización.

Ahora bien, si decide cambiarse el tipo de enfoque en los estudios de evaluación y emprender nuevos enfoques metodológicos, ojalá siempre impere el criterio de promover una política pública eficaz y eficiente en la planeación y programación del gasto público.

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Luis Mayorga Muñiz
Socio Fundador
Gerinpro Consultores México

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